La democracia, ¿ya no cura ni educa?

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El problema no es sólo el gasto, sino también su calidad. Se resolvería con un gran esfuerzo colectivo, que nadie está dispuesto a hacer.
El desarrollo sostenible precisa iniciativa y consenso de la dirigencia, en especial política, cuyos actores intercambian ineptitud, soberbia, insultos, mentiras, piedras, y balas de goma, en un torneo demagógico, como el visto hace semanas.
 
En 34 años de democracia, reformas jubilatorias se sucedieron sin mejoras, no hubo capacidad de estudiar el problema en profundidad ni hallar soluciones posibles y permanentes.
 
Hoy, el pago de haberes es más de 40% del presupuesto y su sustentabilidad cada vez más compleja. El empleo público, jubilaciones y subsidios explican el gigantismo estatal, la crítica situación fiscal y el aumento de presión tributaria. El Congreso, ámbito del debate, gasta una inexplicable fortuna con austeridad dudosa: cada legislador (35 empleados promedio entre secretarias, choferes y asesores-muchos, punteros o familiares- más allá de su competencia) es una suerte de pyme. Piden a los jubilados que hagan el esfuerzo. Pero mostrarían coherencia si ataran la suba de sus dietas a la fórmula que están sancionando y, como ejemplo, las redujeran.
 
De 2003 a 2015, el empleo público creció 52% en Nación y provincias. Uno de 4 salarios en blanco es estatal, el doble del promedio de América Latina. En 2015, el gasto público fue del 44%; a fin del 2017 año llegó a 40 (del 2017); entre 2007 y 2015 creció 13,5 (en la OCDE 2). El empleo público fue responsable de 5,5 puntos y la indigencia y la pobreza siguen elevadas. El problema no es sólo el gasto, sino también su calidad. Esto se resuelve con un gran esfuerzo colectivo, que nadie parece estar dispuesto a hacer: algunos dirigentes, de fortunas turbias, y empresarios prebendarios se transformaron en extorsionadores del poder democrático, y ante un balance de décadas de atraso, ellos defienden un statu quo, que nos trajo desgracia y les dio bonanza personal.
 
Todos piden bajar impuestos, no aflojan convenios, exigen a quienes gobiernan reducir déficit sin afectar a nadie, cancelar subsidios y que los precios no se muevan, y que solucionen rápido y de forma indolora la idiosincrasia aspiracional de gastar sin producir y vivir de prestado; intendentes y gobernadores, de administraciones superpobladas de empleados y subpobladas de eficiencia no recortan micros para actos, ñoquis ni legislaturas bicamerales, los legisladores no resignan ni los pasajes y los jueces no aceptan pagar ganancias.
 
Se generó un Estado cada vez mayor e ineficaz, que es incapaz de brindar servicios públicos y promover el desarrollo sustentable. Pero que además precisa cerca de 30.000 millones de dólares al año y nos trajo hasta este país surrealista y fracasado, donde un tercio de gente vive bajo la línea de pobreza, la mitad en economía informal y 40% de trabajadores están en negro. Una decadencia sostenida desde hace 50 años.
 
Se lo superpobló de simpatizantes y subsidios indiscriminados; se proclamó la maximización de derechos sin citar obligaciones disciplina o esfuerzo. El kirchnerismo, asumido con macroeconomía que dejaba atrás el colapso de 2001, en lugar de apalancar desarrollo financio, aumentó el consumo y desequilibrios macroeconómicos. El gasto público por habitante, tres veces mayor que hace 25 anos, para brindar el triple de bienes y servicios, no ha resuelto el problema.
 
Cabe preguntar, si alguna vez la política se meterá en serio con prebendas sin amagar con anuncios (valga exceptuar Buenos Aires, que hizo que empleados de su banco, se jubilaran a la edad de casi todos los argentinos), o seguirá metiendo mano en el bolsillo de quienes no hicieron en su vida más que laburar.
 
Hay dificultad para gestionar el conflicto, atender al bien común sobre intereses personales, deliberar y transitar a un futuro mejor para todos: hacer política. Y se pone de manifiesto cuando hubo que discutir una ley con Gendarmería. Una ley que no significa siquiera una reforma estructural sino sólo una modificación del modo de actualizar jubilaciones, y cambios poco audaces y módicos.
 
Del ‘76 al ‘83; aumentó la pobreza y la desigualdad (en 1983, la pobreza era 16%, con 40% de promedio en América Latina; hoy 30 %, el mismo de la región); los trabajadores perdieron 25% de poder adquisitivo; la informalidad laboral (entonces 22%) hoy supera el 30%, crecimos 2,2% anual, por debajo de América Latina (3%).
 
Dejamos atrás la pesadilla autoritaria pero el proceso participativo que prometía comer, educar y curar, frustró el hasta entonces posible ascenso social. El Estado abandonó su papel en salud. Dejó a la intemperie a los más pobres, que son los clientes del hospital público, a los cuales la inflación devasta. La sociedad no ve la salud como bien común, porque sólo le falta a una parte de ella: la “clase media alta”, aspiracional, vive con tarjeta al límite, y se asiste en “la prepaga”; unos 13 millones, sensibles al aumento de precios, causa de malhumor general, se atienden en obras sociales.
 
El Congreso sancionó leyes para distintas patologías, que protegen a beneficiarios de obras sociales y prepagas, pero no a los más pobres. Prolongación de la vida y avance tecnológico que oferta terapias genéticas y medicamentos biológicos de costo elevadísimo, en gran parte paliativos, generan el dilema ético de cómo asignar fondos. Pero, la política de salud hoy se diseña en tribunales. No fue magia, suerte o falta de ella lo que nos llevó de segundo país más longevo de la región en 1960 al sexto lugar en 2013. Ganamos 11 años de esperanza de vida (Chile 24); o que de tener en 1950 la 2da. mejor tasa de mortalidad infantil, tras Uruguay hoy nos superen además Chile, Cuba y Costa Rica. Peor fue la performance mirando al interior. Por cada bebé que muere en Chubut, dos mueren en Corrientes.
 
Esto no se modifica con un módico discurso sobre CUS abandonando las provincias a su suerte ante embates de corporaciones que regulan su formación en función de sus intereses económicos. Si creamos estructuras innecesarias; regulamos deficientemente, dejamos que el sector privado determine la política a seguir y la corrupción se lleve recursos; o, junto al empleado público que pone empeño, hay uno que no hace su parte, se explica que la democracia ya no cure ni eduque.
 
Ruben Torres Parson es Rector de la Universidad ISalud y ex Superintendente de Servicios de Salud
 
Fuente: clarin.com 8/1/2018
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