El otorgamiento de medicina prepaga por el empleador

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En algunas relaciones laborales se puede observar que el empleador, además de pagar el salario pactado, asume otras prestaciones, y entre ellas se destaca, por su importancia, el otorgamiento de un servicio de medicina prepaga que asegura la cobertura de salud del trabajador y de su grupo familiar.
 
Esta prestación implica que el empleador realiza su pago en forma directa a la empresa contratada que brinda el servicio o, en otros casos, reintegra al empleado el importe de la cuota abonada por la prestación mencionada. Algunas cuestiones referidas a esta prestación han sido materia de debate y de su conjunto, resalta el significado jurídico de su otorgamiento por el empleador, en concreto, si debe considerarse una prestación remuneratoria, que integra el salario, o si tiene una naturaleza jurídica diferente.
 
En nuestro país, la evolución de la regulación normativa del contrato de trabajo determinó la aparición de un concepto particular para caracterizar a ciertas prestaciones asumidas por el empleador que se consideran otorgadas, al menos en el discurso de los fundamentos de su tratamiento diferenciado del salario, por razones que las ubican fuera del ámbito de la retribución del trabajo prestado o puesto a disposición por el empleado.
 
Desde la década del 70 el discurso empresario planteó el elevado nivel que tenían las llamadas cargas sociales, denominación que alude a pagos que las empresas realizan por encima del salario nominal al sistema de seguridad social o que corresponden a situaciones en que no hay trabajo prestado o puesto a disposición, y esos pagos pueden ser remuneratorios por disposición legal, como el salario que se debe pagar durante la licencia por enfermedad o la retribución por vacaciones; o indemnizatorios, como la indemnización por despido. Se afirmaba que el costo laboral aumentado por esas cargas sociales no era compatible con la exigencia de la competitividad de los productos locales para aumentar las exportaciones, expansión exigida por la apertura de la economía. Este discurso recurrente y las acciones de las empresas dirigidas a la creación de ciertos beneficios otorgados a los trabajadores con la pretensión de que no fueran remuneratorios, generaron una notable litigiosidad con los organismos recaudadores de aportes y contribuciones para el sistema de seguridad social, pues aquellos cuestionaban el carácter no salarial que se pretendía asignar a tales prestaciones.
 
1. Modificación de la LCT
Como resultado de la evolución normativa, la ley 24700 modificó la ley de contrato de trabajo (LCT) e incorporó a su texto el artículo 103 bis que se encuentra vigente. Esta norma establece que se denominan beneficios sociales a "las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulativas ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador por sí o por medio de terceros, que tiene por objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a cargo" La enumeración de estos beneficios incluye a "Los reintegros de gastos de medicamentos y gastos médicos y odontológicos del trabajador y su familia que asumiera el empleador, previa presentación de comprobantes emitidos por farmacia, médico u odontólogo, debidamente documentados." (LCT, artículo 103 bis, inciso d).
 
El otorgamiento de los beneficios sociales no resulta obligatorio para el empleador, pero si los otorgara, de acuerdo a la ley, tendrán el carácter de una prestación no remuneratoria. Esto implica que sobre el monto de ellos no se deberá realizar aportes ni contribuciones al sistema de seguridad social ni tampoco resultarán incluidos en la base de cálculo de otros conceptos derivados de la relación laboral o provenientes de su extinción (por ejemplo, para el cálculo de las cuotas de aguinaldo, o para la determinación de la base de cálculo de indemnizaciones por despido) Sin embargo, pese a su carácter no remuneratorio, si el empleador acordara un beneficio social, generaría un derecho que se incorpora al contrato, por lo que no podría luego retirarlo unilateralmente sin compensar la pérdida que sufriría el trabajador.
 
2. Decreto 137/97
Este decreto reglamentario precisó el concepto "gastos médicos" establecido por el inciso d) del artículo 103 bis de la LCT y dispuso que a los efectos de esta norma, "los gastos efectuados para el pago de servicios médicos de asistencia y prevención al trabajador o su familia a cargo se considerarán como "gastos médicos", y su reintegro por parte del empleador tendrá el carácter de beneficio social no remuneratorio" (artículo 1° del decreto citado) Si bien se contempla el reintegro efectuado por el empleador del importe pagado con esa finalidad, interpretamos que por estar incluido en el concepto de gastos médicos, también resulta comprendido en la norma reglamentaria el pago directo del servicio de medicina prepaga, efectuado por el empleador a la empresa sin que medie un reintegro del gasto al empleado. La distinción resultaría excesivamente formal y sea que se considere comprendido el supuesto en sus términos o por interpretación extensiva de la norma, corresponde la aplicación del concepto de "beneficio social no remuneratorio" al caso de la empresa que contrata directamente con la empresa de medicina prepaga el servicio respectivo y realiza el pago del mismo. En este sentido un fallo concluyó que "los gastos que asumió la empleadora a fin de que la trabajadora gozara de una empresa de medicina prepaga o de un mejor plan que el que le correspondía - en lugar de una obra social o de un plan inferior - encuadran perfectamente en la norma aludida (artículo 103 bis de la LCT), en tanto representó una mejora para la trabajadora" (CNTrab, sala II, 20/03/2012, "Darlán, Paula c/ Tesam Argentina S.A. s/ despido" En sentido similar CNTrab, sala IV, 20/05/2011 "Goldenberg, Ricardo c/ Club Atlético River Plate". En sentido contrario, un fallo destacó que los llamados "beneficios sociales" deben ser interpretados en forma restrictiva por los efectos que tienen sobre el concepto de remuneración del dependiente y que el artículo 103 bis LCT en su inciso d) califica como tales los reintegros de gastos médicos contra la entrega de comprobantes. En el caso concreto no se había alegado la existencia de reintegros, sino un pago mensual fijo que la empleadora efectuaba para que el trabajador gozara de los servicios médicos de la entidad prestadora. Por ello, consideró que el monto abonado no era otra cosa que salario en especie, pues no advertía que esa suma tuviera otra causa que no fuera la prestación efectiva de servicios del accionante en el marco del contrato de trabajo que los vinculaba (CNTrab, sala VII, 24/10/2011, "Jordán, Héctor c/ Benteler Automotive S.A. s/ despido")
3. Un fallo de la Corte
Sobre un tema de los beneficios sociales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció respecto del reclamo de un trabajador al que se había limitado el importe de la indemnización por despido, al excluir de la base de su cálculo, entre otros rubros, a los tickets canasta o vales alimentarios. Contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones, el trabajador interpuso un recurso extraordinario que al ser denegado, motivó el recurso de queja ante la Corte. En su recurso el actor reiteró un planteo de inconstitucionalidad del artículo 103 bis de la LCT por considerarlo contrario al Convenio 95 de la OIT y al principio de progresividad regulado en tratados internacionales.
 
La Corte dictó sentencia el 1/09/2009, en el expediente "Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco S.A." La Corte reafirmó el concepto de salario, al considerar que el principio protectorio se refiere de manera directa al salario, retribución o remuneración. Agregó que ese principio y el plexo de derechos que de él derivan, perderían buena parte de sentido y efectividad si no expresaran una conceptualización del salario que posibilitara su identificación, y que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) brinda, en sus artículos 6° y 7° pautas para esclarecer esa conceptualización, de las que resulta que el derecho a trabajar comprende el derecho de toda persona a ganarse la vida mediante un trabajo y cuando esa oportunidad se materializa mediante un trabajo en relación de dependencia, la prestación debida por el empleador al empleado es calificada como "salario" o "remuneración" por lo que resulta inadmisible que caiga fuera del alcance de esas denominaciones una prestación que, como los vales alimentarios, entrañó para el trabajador una "ganancia" que sólo encontró motivo o resultó consecuencia del contrato o relación de empleo (considerando 5°) por lo que llamar a los vales "beneficios sociales" o "prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas" traduce una calificación que resulta un contrasentido. También expuso que "la naturaleza jurídica de una institución debe ser definida, fundamentalmente, por los elementos que la constituyen, con independencia del nombre que el legislador o los particulares le atribuyan..." Agregó que "el artículo 103 bis, inciso c, no proporciona elemento alguno que, desde el ángulo conceptual, autorice a diferenciar la concesión de los vales alimentarios asumida por el empleador de un mero aumento de salarios adoptado a iniciativa de éste" (considerando 5°) y que toda ganancia que el trabajador obtiene del empleador, con motivo o a consecuencia del empleo, resulta un salario, una contraprestación de este último sujeto y por esta última causa. Esa contraprestación sólo puede ser llamada jurídicamente salario, remuneración o retribución (considerado 6°)
 
La sentencia de la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 103 bis, inciso c) de la LCT, relativo a los vales alimentarios, en cuanto niega a éstos naturaleza salarial y revocó, en ese punto la sentencia apelada.
 
Si bien el fallo se pronunció sobre un particular beneficio social no remunerativo, los vales alimentarios previstos en la norma citada, puede considerarse que el análisis de la Corte sobre la definición del salario en instrumentos internacionales y su correspondencia con la definición amplia del salario adoptada por el artículo 103 de la LCT, es aplicable, en principio, a otros beneficios considerados como prestaciones no remunerativas. Sin embargo, es posible distinguir algunas prestaciones que pueden ser otorgadas en el marco de un contrato de trabajo, pero éste no constituye su causa, pues no son brindadas como contraprestación de servicios realizados o comprometidos por el trabajador, sino que son expresiones de la solidaridad social dentro de la comunidad de trabajo, cuando la finalidad de ellas es atender contingencias que afecten al trabajador o a integrantes de su familia. Ese fundamento, debidamente acreditado, implicaría el carácter no remunerativo de esas prestaciones.
 
4. Criterios judiciales en fallos de la justicia nacional del trabajo
4.1. Consideración de la prestación como remunerativa
 
4.1.1. Cuando la cobertura es genérica y no tiene en cuenta una contingencia particular
 
En ese caso, un fallo consideró que la situación se asemeja al pago en especie ya que es, en principio, una contraprestación por la prestación de servicios del trabajador. Agregó que el empleador que pretende negar la naturaleza salarial debe demostrar que la prestación no formó parte de la contrapartida de la dación de servicios del trabajador sino de otro supuesto como, por ejemplo, la existencia de una situación particular familiar que haya llevado a asumir la cobertura señalada (vgr., un hijo con discapacidad) por razones de solidaridad social (CNTrab, sala V, 19/11/2011 "Aguilar, Carlos A. c/ Envases del Plata S.A. y otro s/ despido")
 
4.1.2. Ponderación de la ventaja patrimonial
 
El concepto de medicina prepaga reviste carácter remuneratorio en tanto configura una prestación en dinero o en especie otorgada por el empleador, que constituye una ventaja patrimonial a favor el trabajador. Ese beneficio se utiliza como un modo de tentar a los potenciales candidatos a un puesto de trabajo o evitar su migración a otros empleos, dado que la mayoría de las empresas utiliza este método que, en consecuencia, lejos de constituir un beneficio social, forma parte de las cláusulas contractuales en que se sustenta la relación de empleo (CNTrab, sala VIII, 29/07/2013, "Martínez, Ariel c/ Jumbo Retail Argentina S.A. s/ despido")
 
Otro fallo consideró respecto del servicio de medicina prepaga, que si no se ha demostrado que todos los trabajadores gozaran del tipo de cobertura que gozaba el actor, sino que el pago de este servicio especial obedecía a la categoría y función que el actor cumplía, la causa no es la seguridad social sino el contrato de trabajo. En consecuencia, en tanto ventaja emergente del contrato de trabajo por los servicios prestados, esta asignación debe considerarse remuneración (CNTrab, sala V, 30/04/2014, "Pellegrino, José c/ Vitopel S.A. s/ despido")
 
4.1.3. Aplicación del criterio de la Corte
 
Siguiendo el criterio sentado por la C.S.J.N. en el caso "Perez, Aníbal c/ Disco S.A." y "González c/Polimat S.A." resulta inadmisible que caiga fuera del alcance de las denominaciones "salario" o "remuneración" una prestación que entraña para quien la percibe, inequívocamente, una "ganancia" y que sólo encontró motivo o resultó consecuencia del contrato de empleo. El fallo consideró que si bien el criterio fue expuesto respecto de los vales alimentarios o tickets, el mismo resulta de aplicación en el caso, entre otros, de la medicina prepaga, toda vez que se está frente la obligación de hacer entrega de sumas de dinero (CNTrab, sala VI, 27/10/2016, "Gago, Nicolás c/ Petrolera del Conosur S.A. y otro" En sentido similar CNTrab, sala V, 31/03/2014, "Martínez María Marcela c/Adecco Argentina SA" (BCNTrab, 341, 03/2014, p. 11)
 
4.2. La prestación como beneficio social no remunerativo
 
Se ha expuesto que la prestación no se concede como una contraprestación del trabajo sino que se otorga en la medida de ciertas necesidades emergentes del dependiente, y que constituye un modo de asunción, por parte del empleador de una contingencia social que puede aleatoriamente afectar o no a sus empleados (CNTrab, sala I, 22/08/2013,"Pappalardo, Marisa c/ Distrizub S.A. s/ despido" En sentido similar CNTrab, sala II, 3/02/2010, "Uznicky, Lorena c/ Orígenes AFJP S.A. s/ despido", CNTrab, sala III, 30/09/2007, "Saint Jean, Alejandro c/ Disco S.A. s/ despido"; CNTrab, sala IX, 28/12/2012, "Gleizerman, Rubén c/ Industrias Lear de Argentina S.R.L.")
 
5. Conclusión
 
La discusión sobre la índole de la prestación del servicio de medicina prepaga brindado por el empleador y su inclusión en el concepto de beneficio social o en el del salario, sigue abierta. En el plano normativo, la norma que define a los llamados "beneficios sociales" y los enumera, incluye un inciso que abarca esa prestación, si se supera la restricción formal de su acotación al reintegro del gasto médico al trabajador, y se comprende en sus términos a la contratación directa del servicio médico por el empleador. El cuestionamiento más fuerte proviene del concepto del salario y la inclusión en él de toda ganancia que el trabajador obtiene del empleador con motivo o a consecuencia del empleo, de acuerdo con el criterio de la Corte expresado en fallo "Pérez, Anibal c/ Disco S.A." antes citado. El argumento relativo a la asunción por parte del empleador de una contingencia social que puede aleatoriamente afectar o no a sus empleados, soslaya que la cobertura es de prevención y el pago del servicio contratado se debe realizar aunque la contingencia de afectación de la salud, que requiera la efectiva prestación médica, no ocurra.
por  ENRIQUE CAVIGLIA
 
Abogado, asesor en temas laborales e integrante del Dpto. Técnico Legal Laboral de ARIZMENDI.por  ENRIQUE CAVIGLIA
Fuente: cronista.com 11/12/2017
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