Obras sociales: ¿manos limpias o guantes blancos?

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La sustentabilidad del sistema de salud requiere, ante todo, una profunda transparencia y que se terminen las "cajas" y las extorsiones sindicales
Hace 17 años se quitó la vida el cirujano René Favaloro. Dejó una carta tan conmovedora como olvidada. En forma descarnada, afirmaba: "¡Lo que tendría que narrar de las entrevistas con los sindicalistas de turno! Manga de corruptos que viven a costa de los obreros y coimean con el dinero de las obras sociales que corresponde a la atención médica". Condice con la actitud de Facundo Moyano, presidente de la Mutual de Trabajadores de Peajes y diputado "renovador", quien, descubierto en Madrid con una célebre modelo, en el apurón, declaró que el viaje lo pagó su sindicato. O con la de su padre, Hugo Moyano, quien admitió que se usaron fondos del gremio camionero para salvar al club Independiente, del cual es presidente.
 
Con Perón en el exilio, el jefe sindical Augusto Timoteo Vandor imaginó un "peronismo sin Perón", apoyando el golpe militar de 1966. Fue asesinado en 1969 y sus sucesores acordaron una paz social con el general Juan Carlos Onganía a cambio de recibir la "caja" de las obras sociales. Fue así como, mediante un decreto ley de 1970, se crearon los aportes obligatorios -actualmente, el 6% por los empleadores, y el 3%, por los trabajadores- y su administración por los gremios.
 
De ese modo, una caja abrió la otra: la caja de Pandora del dinero abundante y fácil que alteró en forma dramática la vida de los sindicatos. La relativa austeridad hasta 1970 se trastrocó. Sus dirigentes se transformaron en CEO, más interesados en los negocios que en la actividad gremial. Y así desarrollaron sus abdómenes los célebres "gordos", alimentados con los suculentos ingresos que sólo disfrutan las entidades con personería gremial.
 
Años más tarde, el ex presidente Raúl Alfonsín denunció aquel pacto militar-sindical, apuntando a la corrupción gremial. Como resultado, sufrió 13 huelgas generales. Su proyecto de ley de reordenamiento sindical, impulsado por el ministro de Trabajo Antonio Mucci, fue rechazado por el peronismo. Ante la imposibilidad de gobernar, Alfonsín se vio forzado a reemplazar a Mucci por el sindicalista Carlos Alderete. Desde entonces, casi nada ha cambiado.
 
El gasto en salud en la Argentina es muy elevado (9% del PBI) y muy ineficiente. Se compone de tres subsistemas: el público, integrado por la Nación, las provincias y los municipios, que atiende a la población sin cobertura (3,3% del PBI), y el sector de la seguridad social, que incluye las obras sociales y las prepagas. Las primeras incluyen las provinciales, sindicales, de dirección y el PAMI (3,5% del PBI), en tanto que las empresas de medicina prepaga absorben el 3,2% del PBI.
 
Las obras sociales sindicales cuentan con 15 millones de afiliados; las 24 obras sociales provinciales, con casi 7 millones; el PAMI cubre a 5 millones, y la medicina prepaga otros 5 millones. El 80% de las prepagas deriva sus aportes de obras sociales por convenios. En total y redondeando, el sistema de seguridad social brinda cobertura a 32 millones de personas. Los 12 millones restantes concurren al sistema hospitalario.
 
Las 300 obras sociales sindicales perciben en conjunto un flujo de dinero equivalente al 1,6% del PBI. Esto es, la increíble suma de 8700 millones de dólares. Para comparar magnitudes, YPF, la mayor petrolera del país, factura 12.353 millones de dólares; Pan American Energy Group, prevé facturar 7300 millones, y el Grupo Techint, a nivel mundial, tiene ventas por US$ 15.200 millones. En alimentos, Arcor, el mayor exportador de golosinas, factura 2200 millones de dólares, en tanto que Molinos Río de la Plata, de consumo masivo, 1000 millones.
 
Todas estas empresas están sujetas a estrictas auditorías y controles, en mayor grado si cotizan en bolsa. Sin embargo, la Superintendencia de Servicios de Salud controla únicamente la correcta prestación de servicios médico asistenciales, pero no audita el uso de fondos por las obras sociales ni indaga acerca de connivencias con prestadores.
 
El sindicalismo sostiene que los aportes no son "impuestos al trabajo", sino "salarios diferidos" de los trabajadores y "aportes solidarios" de los empleadores. Sin embargo, al existir una ley que obliga a aportar y a retener, los fondos así recaudados entran en la órbita de lo público, pues cuando el Estado ejerce su poder de compulsión, está obligado a verificar el destino conforme a la finalidad legal. Así debe interpretarse la ley de contabilidad de la Nación, en la medida en que las obras sociales reciben "subsidios o aportes" del Estado, por vía indirecta.
 
A través de los años, los dirigentes sindicales han consolidado una estructura de poder con lugartenientes que responden a un esquema verticalista y muchas veces con características mafiosas. En cada nivel, en cada seccional, la lealtad es retribuida con la vista gorda para formar una red de prestadores non sanctos. Eso explica la ausencia de democracia sindical y la razón por la cual las cúpulas se perpetúan en el tiempo, sin renovación alguna.
 
Los mecanismos para acomodar retornos son sencillos. Desde compras de inmuebles y su posterior refacción y equipamiento, con el formato "Gils Carbó", hasta la maraña de médicos, clínicas, centros de diagnóstico, droguerías, laboratorios y proveedores controlados por socios, amigos o familiares de los líderes sindicales, que saquean con sobreprecios, diferencias de calidades y cantidades o prácticas innecesarias o inexistentes. Sólo para mencionar el área de salud y soslayando desvíos en deportes y turismo.
 
Actualmente, el tema ha tomado nueva vigencia por dos razones. En primer término, por la exigencia de competitividad para que las empresas se integren al mundo, afectada por los elevados costos laborales, la industria del juicio y las extorsiones sindicales. En segundo lugar, por la sustentabilidad del sector salud, afectada por un déficit creciente.
 
Sin embargo, tan pronto se menciona una modernización de las relaciones laborales o la "caja" de las obras sociales, los sindicatos, el peronismo recalcitrante y el renovador denuncian la pérdida de "conquistas sociales".
 
Hay motivos para pensar que esa oposición cerril es una cortina de humo para ocultar las cifras extraordinarias que se desvían de las obras sociales gremiales para hacer política y para el enriquecimiento personal de no pocos dirigentes y prestadores.
 
El cambio será muy difícil, pero ocurrirá, pues hay otra generación de argentinos que quiere vivir mejor. Todo lo descripto en los párrafos anteriores configura un verdadero anacronismo cuya subsistencia es incompatible con los desafíos del siglo y los criterios de transparencia que se imponen.
 
La crisis de financiamiento de la salud por la extensión de la expectativa de vida, el costo de los nuevos medicamentos y de muchos tratamientos, exigidos por leyes y por jueces, obligan a reconfigurar todo el sector, para ampliar la cobertura, mejorar los servicios y dar sustentabilidad al sistema.
 
El gobierno nacional ya ha encarado un plan de cobertura universal para que los 12 millones de personas que concurren al hospital público sean atendidas como pacientes privados, con historias clínicas y atención personalizada. Será inevitable también emprender la reconversión de las obras sociales, para sanear sus finanzas a través de un proceso de consolidación y capitalización.
 
En el contexto de ese esfuerzo colectivo, no hay espacio para que los fondos se desvíen. Deberá ser condición previa a cualquier aporte de mayores recursos que las obras sociales abran sus libros e inviten a una profunda auditoría de sus negocios para que la nueva etapa se apoye sobre una base sólida y creíble.
 
También los tiempos han cambiado en materia de lavado de dinero. Las normas internacionales impiden las remesas de "fondos negros" a través del circuito bancario, haciendo inútiles las sociedades en paraísos fiscales. Al no poder girar los fondos mal habidos al exterior, los corruptos están forzados a ocultar billetes en bolsas, intentando usarlos localmente comprando inmuebles, vehículos o yates con efectivo, que darán lugar a reportes de operaciones sospechosas.
 
El sindicalismo tiene que aceptar que el mundo ha cambiado y que la Argentina está cambiando. Ha llegado el momento en que, por convicción o por necesidad, muestre que tiene las manos limpias y que ha desechado los guantes blancos. Sólo así ganará respeto social y asumirá, sin segundas intenciones, la defensa de los derechos de los trabajadores.
 
Fuente: lanacion.com.ar 21/10/2017
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