La polémica reforma sanitaria que busca implementar en breve el gobierno nacional

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En qué consisten y qué temores despiertan los cambios anunciados por Macri para el sistema público de salud.
A pocos días de que comenzara una prueba piloto en Mendoza, el plan del gobierno nacional para reformar el sistema público de salud despierta tantas expectativas como temores. Mientras que algunos sostienen que mejorará el acceso a la atención sanitaria de unos 15 millones de argentinos sin obra social, otros advierten que se trata de un modelo implementado ya en otros países de la región que restringe las prestaciones médicas, debilita el sistema y genera inequidad.
 
¿Pero qué es exactamente el plan de Cobertura Universal de Salud (CUS)? Por lo pronto y en rigor no es más que un decreto sin reglamentar firmado el año pasado por el presidente Macri que dispone de unos 8 mil millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución (un fondo creado con aportes de las obras sociales) para implementar algunos cambios en la gestión del sistema público de salud.
Esos cambios -que comenzaron a probarse a principios de mes en el departamento mendocino de Guaymallén sobre una población de 120 mil personas sin obra social- consisten esencialmente en un nuevo modelo de relacionamiento de los pacientes con el sistema público de salud. Mientras que ahora uno recurre a un hospital y lo atienden sin que quede muchas veces ni registro de ello, a partir del nuevo sistema cada argentino va a estar identificado con su historia clínica en una plataforma digital que permitirá hacer un seguimiento de las prestaciones que recibe en cualquier lugar del país donde requiera atención.
 
Si bien este mecanismo constituye para el gobierno la llave para “ordenar, integrar y hacer más equitativo y eficiente” el sistema público de salud, para algunos especialistas en gestión sanitaria y organizaciones profesionales del sector no es más que un modelo impulsado por el Banco Mundial para achicar el gasto público. De ahí que advierten que su implementación -como habría sucedido ya en Colombia- derivaría en un debilitamiento del sistema público y una restricción del acceso de las personas de menores recursos a tratamientos de cierta complejidad.
 
LOS CAMBIOS PROPUESTOS
Como se ha venido adelantando desde el ministerio de Salud de la Nación, a partir de la implementación de la Cobertura de Universal -prevista para principios del año que viene-, cada argentino que se atienda en el sistema público tendrá una historia clínica única digitalizada con acceso desde cualquier punto del país. Pero además se le asignará un médico de cabecera para que se ocupe de hacer un seguimiento de su estado de salud.
 
“Durante la consulta se verifica la historia clínica del paciente de manera íntegramente digital. Si no la tiene, se genera la historia clínica y se carga la consulta. Si al momento de la consulta el médico considera necesario la realización de algún estudio complementario o requiere de la atención de un especialista disponible en un Hospital, el nuevo modelo le garantizará un turno con prioridad y con asistencia de un administrativo en el centro”, adelantó Andrés Ibarra, ministro de Modernización.
 
Dado que este sistema va a estar integrado a través de la Red Nacional de Telesalud, el gobierno espera que mejore la atención hospitalaria permitiendo identificar las prestaciones que reciba cada paciente, ya sea en centros nacionales, provinciales y municipales, evitando redundancia y unificando los estándares de atención a lo largo del país.
 
“Además de trabajar sobre la fragmentación del sistema, estamos cambiando la fragmentación de programas del propio Ministerio, ya sean de financiamiento nacional o internacional, los cuales pasarán a integrar la Cobertura Universal de Salud”, explicó el ministro Jorge Lemus al adelantar que los medicamentos distribuidos bajo el Programa Remediar serían entregados en un futuro en los mismos puntos pero a través de la Cobertura Universal de Salud.
 
Si bien el sistema seguirá siendo gratuito para la población en general, cuando el paciente que se atienda en un hospital público tenga obra social o cobertura privada se le cobraría a éstas el cargo correspondiente de una forma más estricta a lo que ocurre hoy. Por el contrario, en el caso de que el sistema público no pueda brindar una prestación, el paciente sería derivado a un centro privado que exigirá luego el pago por esa atención. En cuanto a la cantidad y el tipo prestaciones reconocidas -uno de los aspectos que más temores despiertan entre los críticos del sistema- el ministro Lemus aseguró que “no habrá ninguna limitación”
 
ALERTAS
Lejos de considerarlo un plan de modernización, el Movimiento por el Derecho a la Salud - un frente integrado por ATE, CTA y CICOP entre otras organizaciones- señala que la Cobertura Universal de Salud no es más que un plan de achicamiento del gasto público implementado ya en países como Colombia, Chile y México, donde terminó debilitando el sistema público en detrimento del derecho a la salud de los sectores más vulnerables de la sociedad.
 
“Con su lógica de seguro de salud, la CUS va a terminar debilitando aún más el sistema público de atención porque prevé que todas las prestaciones que no puedan brindar los hospitales van a derivarse a centros privados, lo que implica un desvío progresivo de recursos de uno a otro sector”, explica Pablo Maciel, miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Trabajadores de la Salud (CICOP).
 
Por otro lado, el plan del gobierno “incrementa la desigualdad porque implica, como se ha visto ya en otros países, la elaboración de una canasta básica de prestaciones sanitarias. Esto supone que van a quedar afuera estudios de cierta complejidad y tratamientos de alto costo que los pacientes sin obra social o prepaga van a tener que pagar de su bolsillo. Si bien esa canasta todavía no está definida, el proyecto plantea la creación de una Agencia de Tecnología Médica que se va a ocupar precisamente de eso”; señala Maciel.
 
Lo mismo dice el sanitarista Daniel Gollán, ex ministro de Salud de la Nación. “La gente va a tener que pagar por servicios que ahora no paga. Le van a dar una credencial y va a poder acceder a una canasta básica de prestaciones hasta determinado límite. Con el sistema actual no hay límite. Los tratamientos de alto costo, oncológicos, reumatológicos o hepatitis… todo lo que hasta hoy en día es gratuito se empezará a pagar. El Gobierno dice que lo que quede afuera de la canasta básica de prestaciones, se cubrirá luego de que se estudie el caso. Yo creo que habrá una catarata de juicios”, prevé
 
Aunque la implementación formal de la CUS se prevé para el año entrante, “el plan ya está en marcha –sostiene Gollán-. El gobierno nacional ya desarmó todos los programas de prevención y se los traspasó a las provincias con el discurso de que quien `puede lo hace, el que no, no`. Las provincias que adhieran tendrán hospitales públicos, pero de autogestión, lo que implica una pseudo-privatización: una ventanilla para los que pagan, y otra para las que no pagan. Y el que no tenga capacidad de pago va a tener una salud cada vez peor”.
 
Fuente: eldia.com 16/10/2016
 
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