Responsabilidad médica en el nuevo Código Civil

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Todo sobre la legislación del nuevo Código Civil.
 
El Título Primero, Capítulo 3ero, del Código Civil y Comercial de la Nación se encuentra dedicado a los llamados “Derechos y Actos Personalísimos”, donde se regula explícitamente la inviolabilidad de la persona humana, su “dignidad”, derecho fundamental donde se amparan los demás derechos tales como la integridad, la vida, la salud tanto física como psíquica, la intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad. Esto significa que toda persona lesionada en su “dignidad” en su máxima acepción, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos. 
 
Este tema nos vincula necesariamente a lo que se conoce en el ámbito del Derecho como “Responsabilidad Civil” y como una variante de la responsabilidad profesional la denominada “Responsabilidad Médica”. Se entiende por tal “la obligación que tiene todo profesional médico de reparar el daño causado por su accionar u omisión a un tercero, en el ejercicio de su actividad profesional”. Esta responsabilidad profesional puede verse afectada en dos fueros jurídicos: civil o penal.
 
Función preventiva
 
El Código Civil trae además una innovación en la materia de responsabilidad, la denominada “Función Preventiva”, que tiende evitar la producción del daño o lesión por el accionar u omisión del actuar médico mismo, su continuación o su agravamiento. 
 
Función resarcitoria
 
El Código también prevé la denominada “Función Resarcitoria”, aquella que tiende a restituir la situación del damnificado (paciente) al estado anterior al evento dañoso, mediante una “reparación plena” del perjuicio sufrido, ya sea mediante una suma de dinero o una prestación en especie.  
 
Daño o lesión
 
El daño o lesión es el primer presupuesto para que exista responsabilidad. La responsabilidad médica surge cuando el profesional, en el ejercicio de su arte, comete actos u omisiones involuntarias o voluntarias contra las reglas legalmente establecidas y ocasiona un daño a la salud, vulnerando de ese modo uno de los derechos fundamentales. Por ello, el ordenamiento jurídico impone al médico la obligación de responder por las consecuencias dañosas de su actuación profesional.
 
Responsabilidad: culposa o dolosa
 
Se pueden distinguir dos tipos de responsabilidad profesional: culposa o dolosa. 
 
La culposa se produce por falta al deber de cuidado o de diligencia en su obrar, sin que haya intencionalidad de provocar el daño. Es el caso en que se da un tratamiento erróneo, negligente, provocando un sufrimiento innecesario o la muerte del paciente, denominado “mala praxis”. 
 
La dolosa es cuando el profesional médico actúa “a sabiendas” o con la intencionalidad de obtener un resultado. Estos casos no solamente acarrean una responsabilidad civil sino también penal. Como ejemplos, el médico que recurre a la eutanasia activa o prácticas de abortos fuera de los casos que prevé el Código Penal (terapéutico o eugenésico).
 
El incumplimiento
 
El segundo presupuesto de la responsabilidad médica es la antijuridicidad - el incumplimiento. Esto significa que el profesional de la salud actuará en forma antijurídica, como acto contrario a derecho, cuando transgreda lo pactado, alguna norma que establezca un deber profesional específico o el procedimiento administrativo interno de la institución en la que desempeña su actividad. 
 
Sin embargo, nuestro Código establece “causales de justificación”, casos particulares en los cuales, existiendo daño, éste puede ser justificado. Por ejemplo, cuando estamos frente a un estado de necesidad, el que se produce cuando se evita un mal actual o inminente, de otro modo inevitable. Por ejemplo, cuando ante una situación catastrófica, el cuerpo de médicos debe aplicar el método del triage, que tiene por objetivo clasificar con rapidez a los heridos del beneficio que presumiblemente podrán obtener con la atención médica.
 
Consentimiento informado
 
Si bien resulta conocido en la práctica médica el llamado “consentimiento informado”, es fundamental que a su otorgamiento el paciente reciba información clara, precisa y adecuada respecto de su estado de salud, el procedimiento propuesto, los beneficios esperados, riesgos y efectos adversos. Este consentimiento informado debe ser “previo”. 
 
¿Quién debe otorgarlo?: el titular del derecho – paciente, si se trata de una persona con “competencia decisoria” así denominada en la legislación vigente. Es decir que la competencia para recibir información y tomar decisiones sobre el propio cuerpo responde al concepto de “autonomía progresiva”; así se reconoce tal poder de decisión según la edad y grado de madurez. Por ejemplo, se establece que los menores entre 13 y 16 años tienen aptitud para decidir sobre tratamientos médicos no invasivos, ni riesgosos, aunque se “requiere la presencia de sus progenitores cuando los tratamientos presentaren tales condiciones”. A partir de los 16 años ya se consideran adultos para las decisiones respecto del cuidado de su propio cuerpo. En el caso de personas que presenten limitaciones “competentes para recibir información y tomar decisiones sobre su salud”, según las circunstancias, su cónyuge, conviviente, pariente o allegado que lo acompañe (o en su caso el representante legal o apoyo) lo harán si no estuvieran en condiciones de expresar su voluntad.
 
Relación de causal 
 
El tercer presupuesto de la responsabilidad médica es la relación de causal, es decir, el establecimiento de la relación de causa y efecto entre la acción u omisión del médico y el daño que ha causado.
El deber de reparar nace si puede acreditarse que el evento dañoso es causa del accionar culposo o doloso, en la amplia acepción del concepto de culpa (negligencia, imprudencia o impericia) del profesional médico; cuando éste hubiera incurrido en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. 
 
Factor de atribución
 
El cuarto presupuesto de responsabilidad es el factor de atribución. Se trata de una responsabilidad basada “en el reproche sobre la conducta del facultativo”. Éste prevé que a mayor deber de prudencia y conocimiento que el profesional médico tenga sobre la materia, mayor será su responsabilidad.            
 
Responsabilidad médica (parte II)
Retomamos en esta nota el tema, profundizando en la responsabilidad de los profesionales según el nuevo Código Civil.
 
Sabía usted que nuestro derecho legal vigente incorporó expresamente los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes; que el mismo no tiene un valor comercial sino “afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social”?. ¿Y que sólo permite el uso del cuerpo humano o sus partes en relación a estos valores permitidos y sólo pueden ser disponibles por su titular (art. 17 del CCCN)?.
 
Es decir que el cuerpo humano no tiene un valor económico, aunque sí una utilidad, como son los órganos, genes, pero susceptibles de disposición para satisfacer los valores antes señalados. Por ejemplo, los casos de donación de órganos entre vivos, basados en un vínculo familiar, se encuentran permitidos porque está primando el “valor afectivo”. Esto también lo podemos apreciar en las donaciones de sangre o de leche materna, donde se destaca y prioriza el “valor terapéutico y social” o en otros casos como el estudio de cuerpos luego del fallecimiento (necropsias), donde prevalece el “interés científico”.
 
Por lo tanto, nuestra nueva legislación opera como un límite intransigible frente a cualquier otra concepción que pueda atribuirle al cuerpo humano o sus partes, por cuanto no puede ser objeto de comercialización o fácilmente apropiadas.
 
Consagración de la integridad corporal
 
Por lo tanto, están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres; excepto que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona y excepcionalmente para otra persona… (art. 56).
 
Es decir que nuestro ordenamiento consagra el principio de “integridad corporal” y al mismo tiempo, se asegura “la protección del derecho a la salud de la persona”. Se prevé además el derecho de emitir directivas médicas anticipadas, que encuentra su fundamento en la dignidad de la persona que implica su autodeterminación.
 
Directivas médicas anticipadas
 
El nuevo Código Civil también incorporó expresamente las llamadas “directivas anticipadas”, antes previsto en la Ley de los Derechos del Paciente. Este derecho nace como aquella facultad de los pacientes de “expresar como desearían ser tratados en ocasión de enfrentar situaciones de grave riesgo de muerte o discapacidad, para el caso en que no estuvieran en aquel momento en condiciones de manifestarse adecuadamente”. Es decir que permite, frente a un caso futuro o hipotético, dar instrucciones respecto de la salud, los tratamientos y terapias a las que desea ser o no sometido, y conferir mandato respecto de la propia salud. Asimismo, permite designar a la persona o personas que podrán manifestar su voluntad o el consentimiento para tales actos, o han de ejercer su cuidado o curatela.
 
Estas indicaciones anticipadas son documentos que deben ser emitidos por personas capaces (mayores de edad) para prever situaciones futuras en las que pueda encontrarse por padecer una enfermedad terminal, estado de coma o inconsciente y dejar en forma expresa  “como quiere ser tratado ante el estado de grave riesgo para la salud”. Es decir, si quiere separarse de los tratamientos médicos aceptables por no responder a convicciones, de carácter religioso (ejemplo transfusiones sanguíneas) o en el caso no aceptar lo que se denomina “ensañamiento terapéutico”, es decir, rechazar terapias que prolonguen artificialmente la vida; o bien para evitar un determinado tratamiento. Se puede incluir todo lo que se considere necesario, salvo lo que implique desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes o no escritas. Será obligación del galeno saber cuándo se deben limitar los esfuerzos terapéuticos por el bien del paciente, priorizando sus necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales.
 
¿Cómo implementar una directiva anticipada?
 
A diferencia de la ley especial que regulaba los Derechos de los Pacientes, el nuevo ordenamiento jurídico “no exige formalidades”, por lo cual las directivas anticipadas pueden implementarse mediante la intervención de operadores del Derecho tales como abogados o escribanos públicos, que tendrán la obligación de asesorar e impartir los instrumentos que permitan receptar tales directivas, sin que ello implique un requisito de validez de tales actos.
 
Si bien existen en el país antecedentes respecto de las formalidades de cómo implementar directivas anticipadas, el nuevo código unificado tiende a proporcionar una cierta flexibilidad al respecto y de alguna manera, salir de los requisitos que establece la Ley de Derechos del Paciente respecto de las formas (que deben ser por escrito, ante escribano público o ante el juez de turno) y avanzar para abarcar  situaciones que permitan acceder en forma fácil y sencilla a emitirlas. Por ejemplo, sería conveniente incluir tales directivas anticipadas en las historias clínicas, a través de formularios que permitan ser tenidas en cuenta por el equipo médico en situaciones de urgencia.
 
Fuente: losantes.com.ar 3/7/2017
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