Disputa entre Osde y Swiss Medical

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Intereses que ponen en riesgo la salud.  Debe ser en el ámbito judicial y no en el político donde se resuelva la disputa entre Swiss Medical y OSDE, que afecta a millones de beneficiarios.

 
En enero último, la empresa de medicina prepaga Swiss Medical Group formuló una denuncia contra la obra social Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE), ante la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS). Le imputó ser responsable de una millonaria maniobra de evasión de pago de aportes al denominado Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Una fuerte campaña mediática, de inusitada virulencia, buscó simultáneamente poner en duda el reconocido prestigio de OSDE.
 
Por su parte, OSDE, la obra social no sindical más importante del país y organización no estatal más grande del sector de la salud en la Argentina, negó categóricamente las imputaciones a través de una solicitada. La cuestión tiene su origen en un reclamo judicial de la superintendencia contra todas las obras sociales de personal de dirección, incluida OSDE. Lo ha fundado en una resolución de 1990 que fijaba, por fuera del marco de la ley de obras sociales, una contribución del 15% sobre las cuotas de los afiliados voluntarios, aquéllos que no están en relación de dependencia, destinado al FSR.
 
OSDE adujo la inconstitucionalidad de la exigencia surgida de una resolución meramente administrativa, diferente de la que rige para los aportes y contribuciones de los trabajadores en relación de dependencia, cuya procedencia y cumplimiento por parte de OSDE no se encuentra en discusión y respeta lo dispuesto por la ley de obras sociales.
 
A la espera del resultado de la presentación judicial que resuelva la cuestión de fondo, no puede considerarse evasor a quien se encuentra discutiendo en sede judicial la legitimidad de una obligación cuyo cumplimiento se le reclama. Sin embargo, la denuncia de Swiss Medical solicita la intervención a OSDE con el fin de que se ordene así el pago de la presunta deuda en disputa, pedido que había impulsado el propio superintendente de servicios de salud, Luis Scervino, y que había tenido acogida en algunos sectores del Gobierno. Sería interesante saber, por ejemplo, si ha cumplido papel alguno en este grave asunto uno de los miembros más encumbrados del gabinete nacional, que estuvo vinculado con una de las principales cadenas de farmacias del país.
 
Recordemos, entretanto, el caso particular de Scervino, quien debió recientemente excusarse de continuar actuando en el caso cuando el fiscal Gabriel de Vedia, titular de Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social, denunció la manifiesta incompatibilidad que surge por haberse desempeñado como asesor de Swiss Medical durante los 15 años previos a su nombramiento en la superintendencia.
 
Fue así como, a fin de priorizar la transparencia que debe regir cualquier procedimiento administrativo y en pos de resguardar la necesaria garantía de imparcialidad, el fiscal solicitó en su dictamen que Scervino se excuse de intervenir en el reclamo interpuesto, haciéndole saber, además, que de persistir en la prosecución de las actuaciones "iniciadas por el reclamo de una empresa en la cual se desempeñó durante años, amén de perjudicar el adecuado desenvolvimiento del órgano administrativo, podría hacerlo incurrir en algunas de las conductas previstas y reprimidas en el Código Penal de la Nación". Cuestionó así también su irregular conducta a la luz de la ley de ética pública, asunto que deberá analizar la Oficina Anticorrupción. ¿O es que contó para actuar como lo hizo con la luz verde del alto miembro del elenco oficial, aparte del estímulo persuasivo de quienes en el sector privado prefieren echar sobre espaldas ajenas las responsabilidades por los propios desaciertos?
 
Es de esperar que la máxima autoridad del Gobierno tome cartas en el asunto para que sea en el ámbito judicial donde se resuelva la disputa, de modo de evitar que se ponga en riesgo la normal cobertura de los servicios de salud de millones de argentinos que han elegido libremente a determinados prestadores. Debería también hacer oídos sordos de denuncias que tienen como único objeto satisfacer intereses personales y económicos particulares queriendo servirse del Estado para tales fines. El tema es por demás delicado no sólo para la población atendida por organizaciones de medicina prepaga, sino también para los profesionales de la salud.
 
El Presidente hace bien al interiorizarse del asunto a fin de evitar que funcionarios de su gobierno, por la razón que fuere, abran riesgosamente en su contra un nuevo frente de tormentas. Sería conveniente que se allanara a una ronda de consultas sobre lo que potencialmente pudiera estar sucediendo a su alrededor. Debería comenzar por el ministro de Salud, cuya función debe estar siempre por encima del vuelo de una denuncia que seguramente ha de haberlo sorprendido.
 
Fuente: lanacion.com.ar 5/3/2017
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