La Salud, de la periferia al centro

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A principios de agosto pasado se anunció la Cobertura Universal de Salud (CUS), para cuya implementación se asignaba una parte de los fondos correspondientes a Obras Sociales (OS’s), retenidos en el Banco Nación por el Gobierno anterior.
Los beneficios de la CUS consistirán básicamente en: a) atención médica integral en hospitales y centros de salud estatales; b) derivación a servicios privados para prestaciones inexistentes en los públicos, y c) provisión gratuita y/o descuentos en medicamentos esenciales. Con el fin de fortalecer a los efectores públicos y prepararlos para los procedimientos que requerirá la administración de la CUS, se asignaron inicialmente $ 8.000 millones de los fondos mencionados.
 
Salvo unas pocas excepciones, los servicios estatales dependen de provincias y municipios, por lo que la instrumentación de una cobertura nacional, mediante recursos dependientes de provincias, en principio requerirá convenios entre las jurisdicciones intervinientes. No es problema de ejecución simple: estamos hablando de 3.323 hospitales con 73.791 camas (55% del total) y 8.802 centros de salud, pertenecientes —por su origen o por descentralización— a 24 provincias y varios miles de municipios. Una parte de estos efectores han aprendido a facturar servicios a la OS de la provincia o al PAMI, así como a gestionar programas nacionales (Remediar, Nacer, Sumar); es esperable una mejor aptitud para actuar ante una nueva cobertura.
 
Pero la mayoría funcionan con absoluta dependencia de la provincia respectiva: en compra de insumos, designación de personal (pocas veces por concurso), en equipamiento, mantenimiento y, por supuesto, en los pagos. Desde 1996 el programa PRESSAL financiado por un préstamo del Banco Mundial (Nº 3931), que implicó inversiones (según contrato original) por US$ 144,7 millones, procuró reconvertir 15 hospitales para su “autogestión”. Los resultados no fueron satisfactorios, quedaron extensos manuales de procedimientos y las oficinas administrativas aprendieron a facturar servicios a las OS’s. Pero los problemas estructurales —ausencia de personería jurídica, de autarquía para ejecutar su presupuesto, sin poder programar la dotación de personal, sin un plan anual de servicios e inversiones con fiscalización al término del ejercicio— se mantuvieron intactos.
 
El Gobierno Nacional proyectó desde 2016 un plan de desarrollo desde el NOA hacia el centro del país, al que denominó “Plan Belgrano”. En materia de hospitales públicos debería instrumentarse un plan de características similares en todo el país, tendiente a desentrañar en cada provincia y localidad los problemas existentes para descentralizar los servicios: a) articular redes colaborativas público-privadas; b) remover obstáculos por legislación obsoleta o intereses lucrativos; c) planificar remodelaciones y “puesta en valor” de los recursos (sólo construir en caso irrecuperables); d) promover incentivos para asignar profesionales a zonas rurales, y e) establecer normas administrativas para gestionar la CUS y otras coberturas.
 
Parafraseando al anterior, un plan así debería aludir a 3 hitos de la historia hospitalaria argentina. Domingo Cabred, que entre 1906 y 1925 duplicó la cantidad de camas de internación del país, en base al modelo pabellonado y administrado por entidades filantrópicas. Ramón Carrillo, que entre 1946 y 1954 duplicó nuevamente la cantidad de camas nosocomiales, mediante un modelo de desarrollo flexible en monobloque, administrado por el Estado. Arturo Oñativia, que entre 1963 y 1966 imaginó un hospital descentralizado y autárquico, con personería jurídica y participación comunitaria en su conducción. Su gestión se truncó por el golpe de Estado de junio del 66, pero los mismos funcionarios de esa cartera lograron que se sancionara la Ley 17.102 en 1967. Se aplicó en muchos hospitales, y sigue vigente en Misiones, Santa Fe (con una ley provincial) y encuadra los hospitales Garrahan, Posadas y El Cruce de Florencio Varela.
 
De todas las normas elaboradas para descentralizar los hospitales, esa Ley fue el modelo más avanzado. Podría revisarse su reglamentación y establecer patrones administrativos más modernos. Pero la tendencia hacia el hospital autárquico como empresa pública de servicios es universal y su sustentabilidad está íntimamente ligada a un entorno de población con cobertura universal. Habrá localidades donde el vecindario sea más sensible a los problemas de salud; otras donde los servicios privados estén más dispuestos a complementar a los públicos; también se encontrarán servicios privados que usufructúan bienes públicos. Debería ser una acción paulatina, paso a paso, armonizando recursos y despejando dificultades: de la periferia al centro. Pero un Pacto Federal de Salud para implementar la CUS, seguramente no se va a resolver sólo en una reunión del Consejo Federal de Salud (CoFeSa).
 
Hugo Arce. Médico sanitarista (Miembro del Grupo PAIS)
 
Fuente: clarin.com 23/1/2017
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