Como para que Moyano no esté contento

La presión del sindicalista tuvo éxito y el Ejecutivo recompone de 20 a 50 por ciento los valores que les gira a los sindicatos por los tratamientos médicos.

La presión de los sindicatos sobre el Gobierno empezó a surtir efecto. Desde esta semana las obras sociales recibirán más fondos para compensar los tratamientos médicos complejos. El Ejecutivo atenderá así una de las demandas reiteradas de los dirigentes sindicales en el último tiempo, aunque el reclamo central por la liberación de un fondo por $ 3.500 millones deberá esperar un tiempo más.

La Administración de Programas Especiales (APE), un órgano que depende del Ministerio de Salud, actualizará desde hoy los valores de los reintegros por los tratamientos denominados de “alta complejidad” que brindan las obras sociales a sus afiliados. En esa repartición le dijeron a Crítica de la Argentina que se reconocerán subas de entre 20 y 50 por ciento respecto de los valores aplicados hasta la semana pasada. Mientras que la atención en el parto subirá al doble. La medida apuntará a subsanar en parte un retraso de cinco años.

La APE contará este año con un presupuesto de 1.060 millones de pesos, destinado a restituirles a las obras sociales sindicales los valores de los tratamientos complejos. El año pasado, sobre una disponibilidad total de 968 millones de pesos, el organismo llegó a ejecutar unos $ 830 millones, a pesar de las quejas de los sindicatos por supuestos incumplimientos en la distribución de fondos.

El funcionamiento de la APE estuvo en los últimos años marcado por la controversia. Con la asunción de Hugo Moyano al frente de la CGT, el camionero siempre logró poner a cargo del organismo a técnicos de su confianza. Primero fue el abogado del sindicato de choferes Juan Rinaldi; luego lo sucedió otro letrado de la organización, Hugo Sola, y en los últimos meses la gerencia general quedó ocupada por un tercer asesor del gremio, Daniel Colombo Russell.

El imperio de Moyano sobre el área motivó numerosas quejas de los sindicatos no alineados con el jefe de la CGT: hubo reclamos de los “gordos”, como Armando Cavalieri (Comercio), Oscar Lescano (Luz y Fuerza) y Carlos West Ocampo (Sanidad), así como de los gremios agrupados en la CGT Azul y Blanca, del gastronómico Luis Barrionuevo.

De hecho, Barrionuevo organizó el martes pasado una concentración de afiliados y trabajadores de su obra social frente al Ministerio de Salud para reclamar la liberación de fondos de esa cartera a favor de las organizaciones sanitarias de los gremios.

El primer punto del petitorio del gastronómico demandaba “la actualización de los valores de las prestaciones que debe reintegrar el APE por los medicamentos antirretrovirales, oncológicos y las prácticas brindadas por discapacidad, alta complejidad, drogodependencia y prótesis de alto costo”. Precisamente, la medida que adoptó Colombo Russell desde esta semana.

Los valores orientativos cubiertos por la APE permanecían inalterados desde 2005. Por caso, en el organismo dijeron que por la atención de los partos se les reintegrarán a las obras sociales hasta $ 1.600, cuando hasta la semana pasada ese valor tenía un tope de 800 pesos. Para estos casos se exigirán además todos los análisis para verificar la salud del recién nacido.

Otros tratamientos de “alta complejidad y baja incidencia” que sufrieron actualizaciones altas fueron los trasplantes. Por los renales, la APE pasará de reintegrar $ 20 mil a $ 29 mil (suba de 45%); por los cardíacos, de $ 50 a $ 65 mil (30%); los de médula ósea, de $ 45 a $ 67.500 (45%), y para los hepáticos, de $ 68 a $ 100 mil (47% arriba). El resto de las prestaciones que cubre el organismo, como las de sida, hemofilia o cáncer, tuvieron aumentos diversos pero no menores al 15 por ciento.

El reconocimiento de la suba de los valores no implicará un aumento en el presupuesto de la APE. Pero les asegurará a los gremios un retorno mayor al que obtenían hasta el año pasado por las prestaciones brindadas a sus afiliados.

La actualización de valores apuntará a subsanar en parte los reclamos por carencia de fondos de las obras sociales. Y también a evitar que este año se vuelva a subejecutar el presupuesto de la APE. Pero no apagará otras demandas de mayor importancia: la principal de ellas, que el Gobierno resuelva liberar 3.500 millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se compone con el 10% de la recaudación total de esas organizaciones, de la que el Ejecutivo devuelve sólo una parte a través de la APE.

Pero subsisten también otros reclamos. Como informó este diario, el Gobierno incumplió con la promesa de elevar 30% los subsidios que les otorga a las obras sociales para completar los recursos mínimos para atender a sus afiliados con menores ingresos. La medida debía regir a partir de enero pero en Salud alegaron que debió postergarse por la sanción de la reforma del monotributo, que creó nuevas escalas para el gravamen, y se hubiera chocado con el ajuste en el subsidio.

Mariano Martín
Fuente: Critica Digital
15.02.10