Alarma por insólito contagio de tuberculosis de presos a empleados judiciales en el Palacio de Justicia

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La Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio de Justicia están al tanto del brote que afectó a tres juzgados. Ausencia de protocolos y controles de salud.

AL MENOS SEIS FUNCIONARIOS DE DISTINTOS JUZGADOS FUERON AFECTADOS POR LA ENFERMEDAD EN EL ÚLTIMO MES

 
La tuberculosis es una enfermedad altamente contagiosa que se considera erradicada en la Argentina. Sin embargo, en poblaciones carcelarias, con internos en permanente estado de encierro, se disparan focos que deben ser controlados de acuerdo a un protocolo estricto del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Pero en las últimas semanas, no sólo quedaron en evidencia las falencias en los tratamientos de los presos, sino que al menos 6 funcionarios judiciales resultaron contagiados de esa dolencia cuando detenidos portadores de la enfermedad fueron llevados a prestar declaración indagatoria a los juzgados, sin medidas de precaución, tanto de la Justicia nacional como de la federal. Todos los funcionarios se encuentran ahora bajo un severo tratamiento que incluye la ingesta de unas treinta pastillas diarias por el lapso mínimo de 9 meses. La cuestión disparó alertas y escaló al Consejo de la Magistratura que trató en su último plenario el expediente elevado por el gremialista de los empleados judiciales, Julio Piumato, que solicitó que se implementen medidas de salud e higiene para evitar la insólita situación, que podría haber afectado a los jueces, quienes deberían encabezar las audiencias con los reos. Dos juzgados debieron ser clausurados y fumigados para evitar un brote. 
 
Según cifras recientes, en la Argentina existen 20 casos de tuberculosis cada 100.000 personas. Dentro del SPF, esa tasa se eleva un 50%, con una incidencia del 29,6% y con personas consideradas dentro de los grupos de riesgo. Se transmite por vía aérea, al estornudar, toser o escupir, siempre por contacto de proximidad. La tos persistente es el principal síntoma. Deberían estar controlados, de acuerdo a los procedimientos previstos para este tipo de casos en lugares de encierro como los penales. Pero algo falló: los contagios de tuberculosis se produjeron en la Cámara Nacional Criminal y Correccional -conocida como Cámara del Crimen-que no tomaron debida nota, pese a que el primer antecedente se dio hace 9 meses atrás. Y los brotes alcanzaron al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°43 y también al N°30. Este último debió ser clausurado (de oficio) por los representantes gremiales, en respuesta a la demora de la Cámara en activar una respuesta específica ante la propagación del virus. 
 
El resultado fueron 6 funcionarios judiciales infectados, ya en licencia médica, y con un tratamiento que incluye la toma de varios medicamentos antibióticos con distintas drogas, en dos fases (dos meses, cuatro fármacos diarios y entre cuatro y siete meses más con otros dos). La alarma por la repetición de casos generó que la Unión de Empleados de Justicia Nacional requiera una campaña de vacunación al Consejo y un protocolo especial al Servicio de Medicina Legal de la Corte, además de exigir que el SPF cumpla con el procedimiento adecuado para el traslado de detenidos que padezcan la afección. 
 
La dispersión del virus en tribunales obligó a la intervención del director de Medicina Preventiva y Laboral del Poder Judicial de la Nación, Ignacio Parra, que detalló las medidas preventivas que deberán asumir los empleados de los juzgados que tengan contacto con detenidos potencialmente enfermos. Desde el sindicato exigieron al Ministerio de Justicia un detalle de los focos que existan en cárceles federales y se convocó a una reunión de urgencia con el Procurador Penitenciario, Ariel Mugnolo, y con el jefe de Atención Médica de la PPN. Ambos enviaron consultas y pese a que no recibieron informes de brotes de tuberculosis específicos, reconocieron que la ausencia de médicos podría derivar en atención "deficiente" de los internos. 
 
Pero lo ocurrido rebotó contra el Consejo, al advertir que no existen medidas de prevención ni control de salud a empleados judiciales, primera línea de exposición con detenidos que son llevados a dependencias oficiales a declarar, o realizar trámites y, obviamente, no son atendidos por los jueces. Los gremialistas apuntaron a que existan controles periódicos y un mapeo total de la salud de los empleados de juzgados y fiscalías. Las dependencias debieron quedar clausuradas y se procedió la fumigación para intentar erradicar cualquier vestigio de las bacterias que motivaron los contagios. En uno de esos despachos, con experiencia de una fuga de reclusos por una ventana, se suelen cerrar los despachos por completo, lo que vuelve el ambiente altamente viciado. A principios de junio Piumato le dirigió una carta a Ricardo Lorenzetti -presidente de la Corte- alertándolo sobre la situación que ocurrió solo tres pisos más arriba (séptimo piso) de las oficinas del máximo Tribunal, en el Palacio de Justicia.
 
Fuente: ambito.com 2/7/2018
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