El médico que se niega a realizar un aborto, ¿podría ser un delincuente?

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Nuestro sistema penal cambiará por completo si se aprueba la ley del aborto en el Senado: se castigará, no ya la muerte del ser humano, sino la no provocación de la muerte de la persona en el vientre materno.
El último punto de la media sanción de interrupción voluntaria del embarazo recae sobre los médicos y daría lugar a una nueva realidad: se plantea la figura del médico como un potencial delincuente y se lo deja totalmente desprotegido. En tal sintonía, el proyecto que podría tener media sanción tiene dos ejes importantes a los que prestarle atención: una objeción de conciencia limitada y un nuevo delito para estos profesionales.
 
Respecto al nuevo delito que se pretende agregar, la media sanción de legalización del aborto incorpora al Código Penal un nuevo supuesto, en el caso de un médico que se negare a practicar un aborto autorizado, lo que podemos definir desde la teoría del delito como un delito de comisión por omisión. Estos delitos son muy discutidos por su relativa adaptación constitucional desde la óptica del principio de legalidad, lo que seguramente llevaría múltiples planteos judiciales.
 
Con relación al primer punto, se introduce, de manera muy restringida la objeción de conciencia individual y se plantea la confección de un registro de objetores –o lista negra–, con la exigencia de información de quiénes son aquellas personas.
 
Esta restricción atenta contra la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Ahora bien, de recibir aprobación por parte del Senado y convertirse en ley, se estaría cambiando por completo el funcionamiento del ordenamiento penal argentino que durante años giró sobre la protección de la vida humana.
 
Como ejemplo se puede citar la sanción penal con la imputación de la figura clásica del homicidio del artículo 79 del Código penal, el cual expresa la frase conocida por todos “el que matare a otro…”.
 
En igual sentido, el artículo 106 párrafo tercero del Código actual plantea otro supuesto de responsabilidad penal para quien no protege la vida humana –como el abandono de persona–, castigándose al que incumpliere un deber de actuar para que el resultado no acontezca. En estos casos, se prevén penas de hasta 15 años si, por ejemplo, por su omisión ocurriese la muerte de aquella persona.
 
Lo alarmante y novedoso en la futura norma, radica en que ahora el ordenamiento penal castiga no ya la muerte del ser humano, sino la no provocación de la muerte de la persona en el vientre materno, con la pena de prisión si como resultado la persona gestante no hubiere podido acceder a un aborto en los casos legalmente autorizados.
 
En la figura de abandono de persona, lo prohibido no es el resultado positivo (matar) sino no omitirlo, es decir, quien tiene el deber jurídico para que no tenga lugar el efecto típico y no hace nada. En cambio, en el caso de la media sanción, lo prohibido es no interrumpir la muerte del ser humano en el vientre materno, por lo que pasaríamos de un sistema penal que castiga al que provocare la muerte por comisión o por omisión a un sistema penal que castigaría la no comisión, siendo los médicos los principales autores de estos delitos.
 
La norma, para que sea válida, tiene que ser una derivación racional del derecho; por eso esta situación deberá replantearse. Si no, el médico que no realiza un aborto será el nuevo delincuente del Código Penal.
 
 
La sociedad ve en los médicos sinónimos de salud y vida, y no quiere médicos presos por no realizar abortos, por respetar el juramento hipocrático adoptado por la Asociación Médica Mundial, que textualmente enuncia su misión de mantener el máximo respeto por la vida humana desde el momento de la concepción. Incluso bajo amenaza.
 
* Lucas Pietro Schorr es director de El Monitor de la Justicia
 
Fuente: clarin.com 25/6/2018
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