Los laboratorios nacionales, en pie de guerra tras el convenio con el PAMI

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Quiénes son los pesos pesados de las empresas en la cámara que enfrenta al Gobierno. Por qué denuncian un pacto con las multis. Roces personales y un contrato de $ 30 mil millones.

“Claro que apareció el cumpleaños de Alejandro Roemmers en la negociación”. Así, abiertamente, el interventor del PAMI, Sergio Casinotti, reveló hasta qué punto se tensó el vínculo entre el Gobierno y los dueños de los laboratorios nacionales durante la negociación por el convenio de medicamentos que usan los afiliados a la obra social de los jubilados.

 
La megafiesta de uno de los hijos de Alberto Roemmers, que costó, se estima,  US$ 10 millones en Marruecos en febrero, elevó hasta el roce personal la presión oficial con el propietario de la empresa homónima que factura $ 6.100 millones con productos como el Lotrial, que usan miles de mayores para atenuar la presión alta.Los laboratorios nacionales, en pie de guerra tras el convenio con el PAMI
Quiénes son los pesos pesados de las empresas en la cámara que enfrenta al Gobierno. Por qué denuncian un pacto con las multis. Roces personales y un contrato de $ 30 mil millones.
Detalles. El lunes pasado, cerca de las 23, le ponían la rúbrica al nuevo acuerdo el propio Casinotti y Caludio Riganti, apoderado de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos de la Argentina (Cilfa), que hoy por hoy, es un antro de críticas furibundas hacia la gestión de Mauricio Macri. “No se puede negociar con una pistola en la cabeza, hubo llamados directos a los dueños, cuando acá siempre negociaron los gerentes”. Se trata de un convenio que vale mil enojos: son de $ 30 mil millones, el 40% de todo el mercado farmacéutico en el que el PAMI es el principal cliente.
 
Los laboratorios lo niegan, pero la Defensoría de la Tercera Edad asegura que desde 1997, en tiempos de Víctor Alderete, el contrato de provisión de remedios al PAMI se renovaba anualmente a gusto de los laboratorios de Cilfa, junto a la otra cámara nacional, Cooperala, y la de los extranjeros, nucleados en Caeme. La firma de este acuerdo por el que habrá una reducción del 5% sobre los precios del 28 de febrero, y se limitan a subir hasta el 70% de lo que suba la inflación, justamente, se empezó a destrabar cuando se rompió ese frente.
 
De afuera. Por el Gobierno, negoció Gustavo Lopetegui, vicejefe de Gabinete, que comparte piso, pared de por medio, con su par, Mario Quintana, creador de la cadena Farmacity y eterno enemigo de los laboratorios.
 
La primera estrategia fue, justamente, cerrar primero un trato con las multinacionales. Una clave fue prometer posibles cambios en la regulación de patentes que los favorezca. “Caeme firmó antes rompiendo un bloque que operaba junto hacía veinte años, seguramente presionarán por patentes para cobrar esta ayuda”, cuenta Cristina Kroll, directora del portal especializado PharmaBiz.
 
De hecho, el Gobierno ya había mostrado que laboratorios internacionales, como Pfizer, eran proclives a ofrecer precios más bajos como los de la licitación conjunta que había hecho el Estado para comprar factor 8 para hemofílicos, donde el ahorro fue de $ 1.500 millones. “Pfizer ofreció ese precio porque tenía material ocioso de un contrato que se le cayó en Brasil”, reniegan acá. Y anticipan que para las próximas licitaciones que se acordaron para medicamentos oncológicos, donde la Casa Rosada también aspira a hacer compras consolidadas, “no habrá ahorros semejantes”. Habrá que ver.
 
Velitas. Parte de estos quejidos surgió, como reveló el periodista Francisco Olivera, en otro cumpleaños, el de Alberto Alvarez Saavedra, accionista del laboratorio Gador, también del top five de ventas con casi $ 6 mil millones, y el Alplax, entre sus marcas más conocidas. Alvarez Saavedra festejó sus 70 y canalizó allí por segunda vez broncas oficiales, ya que es secretario de la Unión Industrial Argentina (UIA), acusada de “llorar” y no invertir por parte del Ejecutivo.
 
Es que ambos, para el Gobierno, son casos testigo de estimular a grandes empresarios nacionales a competir, aún a riesgo de perder empleos locales. “Toda la cadena y las empresas más chicas van a sentir este resultado, muchas van a quedar al borde de la quiebra”, exageran, tal vez, en Cilfa.
 
Corpo. La industria farmacéutica mueve cerca de US$ 5 mil millones al año, un poco menos que un punto del Producto Bruto Interno. Tiene 38 mil empleados directos y se jacta según el Plan Estratégico 2017-2021 de haber “resistido el proceso de desnacionalización de sectores industriales”. Son unas 180 empresas aunque, aseguran, “toda la cadena sufrirá el recorte que les aplica el PAMI”, que según el Gobierno ronda los $ 7 mil millones.
 
Tiene nombres insignia, uno de ellos Bagó, liderado por Juan Carlos y Juan Pablo, una de las familias históricas del ramo también apuntadas en esta negociación. Bagó es uno de los laboratorios que más se han diversificado, de hecho hace diez días firmó con Luis Pagani de Arcor un acuerdo para vender suplementos dietarios en farmacias y ya venía desarrollando sanidad animal en Biogénesis Bagó junto a otro peso pesado del sector, Hugo Sigman.
 
Sigman comparte el control del laboratorio Elea junto a la familia Sielecki, factura unos $ 3.600 millones al año y adquirió en 2017 Phoenix. Si bien no es su foco (apunta al cuidado femenino), vende líneas de atorvastatina para el colesterol. Elea es parte de un monstruo como el Grupo Insud, que desarrolla desde vacunas hasta cine. A pesar de que construyó un vínculo cercano a Cristina Kirchner, con quien compartía cenas del Día de la Industria, con Macri tejió buenos lazos desde la Cámara de Biotecnología y también en las giras del primer mandatario por España. Similar es el caso de Marcelo Figueiras, dueño de Laboratorios Richmond, con desarrollo de vacunas que le vende al Estado, aunque también con líneas de atorvastatina y también medicamentos oncológicos que deberán adaptarse al nuevo convenio, clave para un objetivo del PAMI: bajar a cero el déficit mensual de $ 900 millones, sin  afectar (más) a los afiliados.
 
La relación con las multis
 
Para insuflar competencia a los mercados locales, el Gobierno se recuesta en “la amenaza externa”. En los casos de la industria manufacturera, la apertura de importaciones es la vía para forzar a las marcas locales a bajar costos y precios al consumidor. Se vio como caso testigo en 2016 la baja de aranceles a computadoras y el cese de la producción en Tierra del Fuego.
 
Con los laboratorios, se les da participación a los extranjeros en las licitaciones para obligar a bajar costos a un mercado hasta ahora cartelizado y manejado, aunque lo desmienten, por pocas compañías.
 
La megacompra de factor 8 para hemofílicos la ganaron Pfizer, que tenía 70 millones de dosis ociosas por un contrat caído de Brasil y CSL Behring.
 
Ahora, para negociar con el PAMI, el Gobierno primero acordó con los laboratorios extranjeros, y dejó aislados a los nacionales, que amenazaron con desabastecer pero ante la presión oficial terminaron acordando. Puede haber, dicen en CILFA, alguna retribución en cambios en patentes.
 
 
Fuente: perfil.com 31/3/2018
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