Citan a ex funcionario para determinar si favoreció a Farmacity

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Según pudo saber PERFIL, la denuncia que recogió la fiscal Paloma Ochoa sostiene que, con el trámite estancado, en abril de 2017 apareció “una apoderada de Farmacity con documentos para agregar al expediente”.
 
Un ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri deberá responder en indagatoria si, como se sospecha, buscó favorecer a Farmacity, la empresa que fundó el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.
 
Fuentes judiciales revelaron a PERFIL que el juez Sebastián Ramos citó para el próximo 27 de marzo a Raúl Alejandro Ramos, ex secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud. Fue después de analizar la documentación que se pidió a la cartera y los informes de la Oficina Anticorrupción, con los antecedentes de Farmacity y Quintana, que hasta diciembre de 2015 fue presidente de esa compañía.
 
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La mira está puesta en Ramos, que fue denunciado en octubre pasado por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. En diciembre, en el Boletín Oficial, el presidente Mauricio Macri aceptó la renuncia del funcionario. Antes destacó: “Corresponde agradecer al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo”.
 
Fue la Confederación Farmacéutica Argentina la que denunció penalmente a Ramos. La presidenta de la entidad, María Isabel Reinoso, se basó en la parálisis de un expediente administrativo que se había abierto en julio de 2014, tras una inspección a un local de Farmacity, en la avenida Córdoba al 1800. Allí se había detectado “un cambio de farmacéutico auxiliar sin noticia ni autorización de la autoridad sanitaria nacional” y se les reprochó “emplear un libro recetario sin rúbrica ni habilitación”. El trámite tuvo sus idas y vueltas hasta que a fines de noviembre de 2015, cuando el macrismo estaba por desembarcar en la Casa Rosada, un informe técnico recomendó sancionar con 55.500 pesos a Farmacity.
 
Según pudo saber PERFIL, la denuncia que recogió la fiscal Paloma Ochoa sostiene que, con el trámite estancado, en abril de 2017 apareció “una apoderada de Farmacity con documentos para agregar al expediente” y pidiendo que se levantara la multa. Acreditó su personería con “un poder otorgado en 2011 por Mario Eugenio Quintana en su carácter de presidente de Farmacity”.
 
La Dirección de Asuntos Jurídicos insistió con la sanción pero, en julio, Ramos ordenó mandar a “reserva” el sumario, una suerte de “vía muerta”.  Ese comportamiento derivó en la denuncia: “La omisión de dictar el acto administrativo por el órgano competente parecía innegable”, se sostuvo. El juez Ramos lo citó a indagatoria en Py para el 27 de marzo, a fin de que se defienda.
 
 
Fuente: perfil.com 11/3/2018
 
 
 
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